Desafíos para la equidad de género en la educación superior
María del Carmen Mateo Chero es socia de Trenzar: consultoría para el desarrollo social, y mamá de Sofía. Abogada por la PUCP e integrante de su Oficina para la Igualdad de Género y Diversidad. Se ha desempeñado como especialista en género y derechos humanos de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos, responsable del III informe nacional de cumplimiento de la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra todas las personas con discapacidad (CIADDIS), y responsable del IX Informe Periódico de cumplimiento de la Convención para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas.
La semana pasada se conmemoró el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Cada año esta fecha nos invita a pensar y ponderar sobre las brechas de género que persisten para que las mujeres podamos ejercer plenamente nuestros derechos fundamentales. Uno de estos derechos es el derecho a la educación que —considerando los planes de desarrollo personal que puede tener cada persona— va de la mano con otro derecho: el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
En el ejercicio de estos derechos, cuando las mujeres se desempeñan específicamente en el ámbito de la educación superior, la realidad nos devuelve desafíos que no podemos ignorar y que deben ser abordados para coadyuvar al pleno ejercicio de los mismos: uno de ellos es la violencia basada en el género en las instituciones de educación superior, específicamente el hostigamiento sexual.
¿Por qué es importante abordar los casos de violencia basada en el género en la educación superior? La violencia basada en el género es una forma de discriminación debido a que el impacto que genera en las mujeres que han enfrentado hechos de violencia hace que impida el goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. En esa medida, el hostigamiento sexual tiene afectaciones concretas. Impacta de manera directa en el desempeño y la culminación de los estudios superiores de las personas que han enfrentado estas situaciones. Efectivamente, la Defensoría del Pueblo ha identificado que el grupo más afectado por el hostigamiento sexual en el Perú son las estudiantes mujeres.
Es fundamental abordar la problemática desde el ámbito de la atención y desde la prevención. Desde el primero, se reconoce el avance que se ha dado al implementar el marco normativo que se ha construido para la atención del hostigamiento sexual en el ámbito universitario, el cual se viene fortaleciendo en respuesta a las necesidades que la realidad nos devuelve. Al respecto, cabe comentar que en julio de 2021, el reglamento de la Ley N° 27942 —Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual en el ámbito educativo—, de aplicación en todas las universidades nacionales y privadas a nivel nacional, fue modificado para dinamizar los procedimientos disciplinarios en las instituciones de educación superior, buscando garantizar la atención oportuna de este tipo de casos y mejorar la respuesta de las instituciones universitarias frente a ellos.
Desde el ámbito de la prevención aún hay mucho camino por recorrer. Una herramienta que puede contribuir mucho en la construcción de estas medidas es el marco conceptual para la prevención de la violencia de género contra las mujeres, desarrollado hace poco por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Igualmente, debemos considerar el rol que tiene la sensibilización en la opinión pública sobre esta problemática; limitación importante, dado que el hostigamiento sexual en los múltiples ámbitos en que puede darse aún no se identifica colectivamente como un fenómeno frente al cual tenemos una tolerancia cero. Finalmente, es importante atender las necesidades específicas de los grupos de especial vulnerabilidad frente a estos hechos de violencia. El liderazgo de las mujeres en el ámbito público ha generado un impacto importante en nuestra sociedad. No el suficiente, sin embargo, para terminar de normalizar nuestra presencia en los espacios públicos, instituciones educativas, u otros espacios que deberían ser seguros para todas y todos, y que, inexplicablemente, aún no lo son.
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