Sí, nos vamos a endeudar

El último presupuesto aprobado de la Nación trae un panorama inquietante

El último 30 de noviembre, fecha límite para debatir el dictamen de la ley de presupuesto público y demás leyes asociadas, el pleno del Congreso tuvo a bien, por fin, ejercer dicha función. Y digo “tuvo a bien”, porque parecería que nos hizo un favor al respetar el plazo y atender las demandas de varios representantes que se preguntaban todos los días para cuándo.

Ha sido el preocupante colofón de un proceso de debate que ya había comenzado mal: la propuesta del presupuesto para 2024, remitida por el Poder Ejecutivo en uso de sus facultades, ya indicaba una voluntad de incremento del gasto público en 12,1 % con respecto al de 2023. Recordemos que el proceso de formulación presupuestal comienza en enero en las unidades responsables de cada pliego presupuestal. Estas reciben información del Ministerio de Economía y Finanzas sobre los topes para cada pliego entre abril y mayo. Luego, el Consejo de Ministros aprueba en agosto la propuesta consolidada, que es remitida al Congreso para el debate durante la primera legislatura.

Un incremento del gasto público de más de 12 % en un año ya había levantado las alertas de los analistas económicos: solo hay que comparar algunas cifras para juzgar el tamaño del estropicio. Los datos hasta julio indicaban que la inflación de 2023 cerraría alrededor del 4 %, y hoy sabemos que bajará hasta alrededor de 3 %. Con estos datos, el crecimiento del gasto público en términos reales (tamaño de la torta), llegaría a casi 9 %. Pero la torta del país este año 2023 va a decrecer, será más chica: si la torta se reduce, se reducen también los impuestos que se recaudarán el próximo año.

Por eso afirmo que todo comenzó mal: ¿de dónde saldrán los recursos para financiar ese aumento del gasto público? Noten que todavía no he dicho absolutamente nada de la composición del gasto propuesto por el Ejecutivo y lo que finalmente ha sido aprobado por el Congreso. Quizá los aburra todas las semanas de diciembre con algunos escandalosos casos de cambio entre lo propuesto y lo aprobado, aunque temo que tampoco me alcanzarían las semanas del mes.

Pero suspiremos y sigamos. Otro punto a recordar es que el 2023 cerrará con déficit fiscal; es decir, que se habrá gastado más de lo que ingresó como recaudación tributaria. En principio, esto no es un problema siempre que la magnitud del déficit cumpla con la denominada “regla fiscal”, la cual fija un tope máximo al déficit fiscal. En La Historia Fiscal del Perú: 1980-2020, Mendoza y Anastacio indican que la regla fiscal ha sido incumplida en solo uno de cada 7 años entre el 2000 y el 2018. 

Aquí es donde viene el meollo del problema: se espera que el 2024 la regla fiscal sea incumplida porque sin crecimiento económico no se logrará la recaudación tributaria necesaria. ¿Cómo se financiará el déficit? Con endeudamiento. El problema que no estamos viendo es que las perspectivas de nuestra calificación crediticia se encuentran en territorio pesimista y que, sobre todo, su nivel es el mínimo dentro de aquellos que corresponden al grado de inversión. Como sabemos, que nuestra calificación crediticia sea de grado de inversión es importante para asegurar que el Perú sea una plaza atractiva para capitales externos, que contribuyan a financiar los déficit fiscales, pero también a acceder a tasas de interés razonables para las empresas grandes y para el sistema financiero, que luego intermedia esos capitales. 

Es nuestra reputación de estabilidad macroeconómica la que se está poniendo en riesgo. Lo dijo ya Benjamín Franklin: “Se necesitan muchas buenas acciones para construir una buena reputación, y solo una mala para perderla”.

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