Ya son más de seis años sin que las autoridades respondan esta pregunta
El 30 de mayo de 2016 Zuleimy Sanchez fue asesinada de cuatro balazos. No tenía aún quince años. Le gustaba jugar vóley y soñaba con irse a vivir a Italia. La noche del crimen, su mamá le había prohibido salir a una fiesta, pero ella decidió escaparse, el tipo de travesura que se supone que ella recordaría años después con una sonrisa. Según su tía, tenía apariencia de reina. “Cuando se maquillaba y vestía, era muy bonita”, recuerda. Tres de los cuatro balazos fueron en su cabeza. Fue enterrada con un nombre que ya no la identificaba.
Han pasado más de seis años y el caso está en el olvido. Nunca se supo bien qué ocurrió y no se detuvo a ningún sospechoso. La prensa informó sobre el asesinato, compartió un par de hipótesis, recogió las declaraciones de un familiar dolido, y ahí quedó: el caso fue reemplazado por otra noticia policial, y luego por otra, y luego por otra.
Lo acontecido con Zuleimy Aylen Sánchez Cárdenas sigue impune. Ella solo llegó a vivir dos años como mujer trans antes de que el odio acabase con su vida. Y su caso no es el único.
Un estudio pionero del Ministerio Público (2021) identificó que en los últimos nueve años existen por lo menos 84 denuncias de asesinatos de personas LGBT. El estudio señala lo siguiente: “Estas denuncias, sin embargo, no corresponden al total de los casos de muertes dolosas de personas LGTB en el Perú en dicho periodo, ni permiten estimar el porcentaje al cual estaría representando. Esto podría guardar relación con el desconocimiento y la falta de capacitación sobre los conceptos de orientación sexual e identidad de género para la identificación de las víctimas durante el desarrollo de la investigación policial y fiscal, así como el registro en los sistemas informáticos”. Un dato relevante de este estudio es que en 40 de las 84 denuncias —es decir, en 49 % de los casos— no se logró identificar a los presuntos responsables de lo sucedido. Así, es más que seguro que en la mitad de los casos identificados gane la impunidad.
La semana pasada, en una ceremonia en el Ministerio de Justicia, el Estado peruano le pidió disculpas a la ciudadana trans Azul Rojas Marín y reconoció su responsabilidad en la vulneración de sus derechos humanos y en la incapacidad que mostró nuestro sistema para asegurar que se hiciera justicia. Este pedido de disculpas se realizó como parte del cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia a la que Azul tuvo que acudir para acabar con la impunidad de su caso.
Debe resaltarse la participación que en dicha ceremonia tuvo la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien, habiendo podido enviar a un representante —como hizo la presidenta del Poder Judicial—, decidió acudir en persona y acompañada de un importante número de fiscales. Su discurso incluyó todos los elementos que deben tomarse en cuenta para considerar adecuadas unas disculpas: reconoció que su institución falló en el caso de Azul, lamentó lo ocurrido, tuvo palabras sentidas hacia la víctima y explicó las medidas que se están tomando para que el caso concreto no quede en la impunidad y para evitar que este tipo de situaciones se repitan a futuro. También habló de la importancia del enfoque de género, del respeto a los compromisos internacionales y anunció que su institución viene trabajando en un protocolo de atención diferenciada a personas LGBTI, cuyo núcleo es la atención a la víctima con pleno respeto a su dignidad.
La fiscal de la Nación sonó sincera y he decidido creer que las cosas están cambiando en el Ministerio Público respecto al tratamiento que se les da a los casos de crímenes de odio. Por ello me animo a solicitarle a la doctora Benavides que nos ayude a responder a la pregunta que titula este artículo: ¿Quién mató a Zuleimy? Que su caso, así como los de Claudia, Patricia, Gina, Brenda, Pamela, Angie, Reina, Ninoshka, Karla, Soledad, Gabriela, Heydi y un largo y doloroso etcétera no queden en la impunidad.
Las disculpas fueron importantes. Ahora se necesita justicia.
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