¿Qué opina usted sobre Bukele?

Las preguntas sobre Venezuela fueron muy reveladoras, ahora toca preguntar también por El Salvador

Durante muchos años, la izquierda local se ha quejado de que la prensa le pregunte su opinión sobre lo que viene ocurriendo en Venezuela. ¿El régimen chavista es o no una dictadura? ¿Condena usted los abusos y las violaciones a los derechos humanos? Si me consultaran sobre la pertinencia de estas preguntas, diría que no solo son válidas, sino absolutamente necesarias. En especial, porque las respuestas que se dan desde ese lado del espectro políticosuelen ser muy insatisfactorias.

Por ejemplo, en la entrevista que otorgó Verónika Mendoza en agosto de 2015 al diario El Comercio, luego de lanzar su precandidatura presidencial por el Frente Amplio, el entrevistador le preguntó directamente: “¿Venezuela es una democracia o una dictadura?”. Ella responde: “Lo que te puedo decir es que se han dado procesos electorales democráticos, avalados por entidades internacionales. Me preocupa más que aquí en mi país nos quieran robar la memoria…”. Para el 2015 hacía años que las instituciones habían sido secuestradas por el chavismo, los medios de comunicación perseguidos, y los opositores políticos acosados o detenidos arbitrariamente, por no mencionar el grosero uso de recursos públicos para perpetuarse en el poder. 

Hizo bien la prensa en insistir una y otra vez con este tema en las entrevistas a Mendoza y otros líderes de la izquierda, porque sobre el papel todos aparentamos ser demócratas. El problema está cuando se dejan los conceptos abstractos y se aterriza en ejemplos concretos. La pertinencia de estas preguntas estaba en probar esas convicciones democráticas, o mostrar si existía o no una ceguera ideológica cuando se trataba de gobiernos afines. 

Sin dejar de lado Venezuela, hoy toca hacer la misma pregunta a los líderes de la derecha sobre lo que viene ocurriendo en El Salvador con el régimen de Nayib Bukele.

El popular presidente salvadoreño acaba de anunciar que buscará la reelección presidencial, pese a que la Constitución de ese país no lo permite. Para ello cuenta con el apoyo de la mayoría del Congreso, controlado por el partido político que construyó a su imagen y semejanza. Se trata de un Congreso que destituyó de manera arbitraria a los integrantes de la Sala Constitucional, cuyos nuevos integrantes han dado luz verde a la ilegal reelección. El Fiscal General corrió la misma suerte.

Si todo esto les suena familiar es porque la fórmula es harto conocida. La aplicó antes Venezuela y tuvo su origen aquí, en el Perú. Es la metodología fujimorista para captar y retener el poder: neutralizar a las instituciones que hacen contrapeso al poder del presidente, ir en contra de la libertad de prensa y acosar a los líderes opositores, mientras se mantiene la formalidad de contar con elecciones para darle un barniz democrático a un régimen que no lo es. 

Al autoritarismo mostrado para perpetuarse en el poder sin contrapesos hay que sumarle también la violación de derechos humanos bajo una aparente política de “mano dura”. Luego de que la poca prensa independiente que queda en El Salvador hiciera pública las negociaciones irregulares y clandestinas entre el gobierno y las maras, Bukele decidió emprender una muy mediática “guerra contra las pandillas”.

Human Rights Watch (HRW) denuncia que en el marco de esa política de “mano dura”, más de 50 mil personas han sido detenidas desde marzo, la gran mayoría sin orden judicial. A las detenciones arbitrarias masivas se suman maltratos y condiciones inhumanas de detención, lo que ha generado por lo menos 70 muertos. La sociedad apoya estas medidas cansada de la violencia de las pandillas y ha aceptado el discurso del gobierno de que quienes son detenidos y reciben estos abusos se lo merecen por todo el daño que le han hecho al país. Tamara Taraciuk, subdirectora de la división de las Américas de HRW, señala en un artículo reciente: «‘El que nada debe nada teme’, promete la poderosa maquinaria propagandística del gobierno. Sin embargo, en Human Rights Watch hemos documentado numerosas detenciones que se han realizado en gran medida, sino exclusivamente, sobre la base de la edad de las personas, su apariencia física o el hecho de que vivían en una zona controlada por pandillas. Ninguno de estos factores tiene relación alguna con la comisión de algún delito”.

No son pocos los elogios que se han dado en nuestro país al estilo de gobierno de Bukele por parte de líderes de opinión y políticos. El candidato Rafael López Aliaga, por ejemplo, ha planteado que implementará un ¨plan Bukele¨en caso de llegar a la alcaldía de Lima, pues en El Salvador “ya no existe delincuencia”, una afirmación falsa, como ha demostrado el verificador de información PerúCheck.

Tamara Taraciuk concluye su artículo con una reflexión muy pertinente: “Es fácil ignorar las detenciones arbitrarias y las violaciones de derechos fundamentales de personas desconocidas. Pero si las democracias no imponen límites que reflejen valores universalmente aceptados, todo vale. Y si no hay instituciones gubernamentales independientes que actúen como freno del poder Ejecutivo, cualquiera podría sufrir represión gubernamental y procesos penales arbitrarios. Normalizar una vida sin derechos es peligroso para todos”.

Por eso es muy relevante que se le pregunte de manera incisiva y con insistencia a quienes podrían ser afines a ese estilo de gobierno: ¿Es Bukele un presidente democrático? ¿Qué opina sobre lo que viene ocurriendo en El Salvador? ¿Usted replicará su forma de gobernar de ser autoridad en nuestro país? ¿Se respetan los derechos humanos en El Salvador? ¿Cómo dice que los respetará usted, si es que quiere replicar estas prácticas? 

La pertinente insistencia sobre la situación en Venezuela debe de replicarse también en el caso de El Salvador. El autoritarismo y la violación de derechos humanos debe ser unánimemente condenada, sin importar el lugar del espectro político donde uno se encuentre.

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