“Nosotros” tenemos la razón

¿Qué sucede cuando todos creemos estar en lo cierto?

El conteo de votos ha ocupado toda la atención ciudadana desde la noche del 6 junio. El sistema electoral peruano, con sus normas y procesos, nos ha obsequiado más de una semana de espectacular incertidumbre. Al cierre de esta columna, el Perú tiene un virtual presidente electo pero aún no es oficial. Mientras tanto, las y los representantes legislativos continúan ejerciendo sus funciones democráticas. En esta misma semana, el congreso ha propuesto, debatido y aprobado reformas constitucionales y leyes trascendentales como la Ley General de Museos. 

            Esta ley ha sido catalogada como la ley mordaza para museos dado su carácter punitivo hacia las actividades de estas instituciones. A partir de su aprobación en el pleno, los museos incurrirán en una infracción muy grave^[1] si implementan exposiciones o ejecutan actividades que busquen tergiversar la verdad de hechos o situaciones pasadas, con el fin de modificar maliciosamente la memoria colectiva de la ciudadanía. El glosario de la ley define muchos conceptos pero no define el de verdad. Entonces, ¿quién y cómo se encargaría de determinar esa verdad? 

            En tiempos normales, la verdad es asumida como parte del sentido común incuestionable, inocuo. Hay acuerdos nacionalistas banales como considerar al ceviche como el plato bandera peruano por excelencia, aunque parte del país no acceda a pescado fresco o existan platos con el mismo nombre en otras partes del mundo. Algunas interpretaciones de la realidad tienen implicancias más severas y la campaña por la segunda vuelta electoral lo ha puesto en evidencia.  

            Es innegable varias interpretaciones de la realidad coexisten en el país con distintos niveles de exclusión y privilegio. Lo grave de esa coexistencia es que estas realidades han sido exacerbadas y tomadas como verdades absolutas por los miembros de cada “bando” en este contexto. Y dos verdades absolutas no pueden convivir pacíficamente. Una intentará imponerse sobre la otra y ese es el origen del conflicto. 

            Cada vez que me encuentro en una conversación hablando sobre los “otros” noto lo fácil que es enfrascarse en una lógica dicotómica que se valida a sí misma. “Nosotros” pensamos que estamos en lo correcto, tenemos evidencia, nuestras creencias se alinean con nuestros valores y tenemos más personas que nos validan. Los otros “nosotros” tienen los mismos elementos y eso me resulta escalofriante. Quienes piensan diferente están igualmente convencidos de que su verdad es la Verdad. 

            Lo problemático es que algunas verdades e interpretaciones son hegemónicas y ocupan más espacio. Los medios de comunicación las replican, los libros escolares las reproducen, los líderes de opinión las difunden. Si esas mismas “verdades” ocultan crímenes, violencia y exclusión, el diálogo es imposible. ¿En qué punto dialogan la interpretación de la realidad que negocia la gravedad de los crímenes, y otra cuya verdad está delineada por las consecuencias de esos mismos crímenes?

            El asunto con la ley de los museos y la posible censura es que sirve como pretexto para cuestionar los peligros de considerar una verdad única en escenarios de polarización y violencia. En contextos como el que acabamos de vivir (y seguimos viviendo) por la contienda presidencial es cuando más necesitamos espacios para los hechos y las verdades, interpretaciones de la realidad que se reconozcan como válidas y capaces de coexistir para dialogar. Para los crímenes existe la justicia, y esta no debería tardar tanto en llegar.  

            La naturaleza de la verdad es un asunto filosófico. De hecho, es uno de los debates filosóficos más importantes porque el consenso es vital para la paz. Es fácil recordar que la tensión entre distintas perspectivas ha estado presente en distintos momentos de la historia. Para evitar llegar a las mismas consecuencias, podemos tomar la polarización en serio, preservar y generar los espacios plurales. 

^[1] A este tipo de infracción corresponde una “multa mayor a cincuenta (50) UIT y hasta doscientas (200) UIT, e inhabilitación temporal de la persona jurídica o natural para acceder a los beneficios de la presente norma, desde un (1) año hasta por un plazo máximo de diez (1O) años”.