Para evitar decisiones de reyezuelos se necesitan políticas basadas en evidencia
José Luis Gargurevich es sociólogo, Máster en Gestión de Políticas Públicas. Papá de Nicolás. Con 15 años de experiencia como servidor civil y asesor en gestión pública a instituciones del Estado y la cooperación internacional. Convencido del poder del diálogo, la educación y la ciudadanía activa. Docente en la Escuela Nacional de Administración Pública. Promotor de la iniciativa Para Gobernarnos Mejor.
Imaginemos una empresa que quiere hacer una investigación o un estudio de mercado para entender las conductas de sus consumidores, o que quiere lanzar una gran campaña con spots en internet, radio y televisión; o que quiere realizar un media training para su relacionamiento con la prensa, o que quiere automatizar e innovar sus procesos para certificarse en calidad de su gestión interna. Y que su director decida que no, que no es necesario contratar organizaciones especializadas para ello: “Que lo haga el personal de planta, que para eso le pagamos, ellos deberían saber hacerlo”.
¿Por qué las organizaciones en todo el mundo contratan consultorías especializadas? Por un lado, para reducir costos de transacción: no es eficaz tener personal con capacidad ociosa esperando la oportunidad de ser aprovechada. Por otro lado, para no empezar de cero: hay expertos allá afuera que tienen la experiencia, el know-how —que, además, como parte de su asesoría pueden transferir— y el perfil multidisciplinario que muchas de esas tareas supone. Sería en extremo muy ineficiente en términos de costo-beneficio aprender a hacer cada idea por sí mismos. Y claro, en el mundo actual, donde el conocimiento es poder, la buena información, las evidencias, el benchmarking y las lecciones aprendidas de otros permiten a las organizaciones aprender y garantizar resultados.
Aparte de eso, en la gestión de los asuntos públicos en un sistema de gobernanza democrática, el conocimiento es aún más relevante. Se trata de:
- Uno, las urgencias más apremiantes (reducir la pobreza, salvar a los niños de la anemia, etc.),
- Dos, alcanzar coberturas más amplias (toda la población de un territorio),
- Tres, tener comportamientos transparentes y democráticos (debo explicar y rendir cuentas de por qué decidí esta alternativa de política, con quién la dialogué, etc.),
- Cuatro, alcanzar la sostenibilidad de las políticas (lo que decidamos hacer tiene que sostenerse sin nosotros, en el mediano y largo plazo, analizando riesgos y tendencias, con viabilidad financiera),
- Cinco, vigilando el uso adecuado de los recursos públicos, que, al ser de todos, no pueden ser invertidos en mis antojos personales, en los estilos monárquicos del reyezuelo de turno en una entidad.
El experto contribuye con las instituciones en generar evidencias, datos y estudios, y transferir herramientas y capacidades para que una entidad y sus autoridades tomen decisiones de política.
¿Queremos aprender del sistema educativo de Finlandia, por ejemplo? Tenemos que generar conocimiento para saber cómo llegar ahí, qué funcionó y qué no, qué condiciones exige, cómo adaptarlo al Perú. Las ciencias sociales, la educación y otras disciplinas especializadas nos darán ese «qué» y ese «cómo».
El ministro de Educación ha conducido estas semanas una tenaz batalla contra el conocimiento institucional, contra los expertos y las consultorías que, a su parecer, son privilegios para tecnócratas, adulones, faltos de integridad, de adorno, y otras perlas (pondría todo en comillas, pero me faltaría listar más de sus epítetos). Afirmó, sin pruebas y con errores de información, que en un lapso de 10 años, el Ministerio de Educación había gastado 728 millones de soles en servicios de este tipo[1]. Pero, ¿todo servicio externo es una consultoría?
En el Estado peruano es necesario distinguir las consultorías —en torno al sentido que he mencionado líneas arriba— como estudios, investigaciones, evaluaciones de impacto, análisis regulatorios, innovaciones, proyectos de mejora, modernización institucional de los llamados “servicios de terceros”, es decir de una modalidad de contratación para dar por una temporalidad específica apoyos para logística, organización de eventos, actividades operativas de gran volumen, relatorías y seguimiento de acciones. Y fuera de ello, de acciones de gran escala y de naturaleza regular: programas de actualización profesional, evaluaciones de desempeño, proyectos de preinversión de infraestructura, operativos de supervisión, etc. Decir que todo ello es consultoría para aterrorizar a la opinión pública con un monto descomunal tiene una clara intencionalidad de desprestigio.
La consultoría permite acceder a un circuito de expertos, nacionales e internacionales, que permiten contar con insumos para las decisiones de política. Lamento informarle a los detractores de esta columna que los expertos no trabajan gratis, no son próceres nómades que dan su tiempo y expertise en sus tiempos libres. Se dedican a la gestión pública profesional y laboralmente: trabajan, como todos los demás ciudadanos de la PEA. Y no mendigan una cuota política; por lo tanto, no lo hacen a cambio de poder: son contratados por mérito y procedimiento regular para proveer un servicio.
Las consultorías generan evidencias para tomar decisiones, crear políticas, evaluarlas. No son un adorno, a menos que una autoridad las niegue o decida encarpetarlas, claro está (y de eso hay mucho, quizás esa es la verdadera tarea pendiente por analizar). Pensemos en cualquier política pública exitosa en nuestro país y encontraremos manos de expertos involucradas: El Presupuesto por Resultados, el rediseño de los Programas Nacionales, los sistemas de focalización para la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, las políticas de Reforma de la Salud, de la Reforma Magisterial y Universitaria en educación, entre muchas otras.
¿Los exfuncionarios públicos pueden hacer consultorías? Por supuesto. Bajo el supuesto de que se convoca a expertos para que en alguna oportunidad ocupen un cargo público y luego dejen el sector, tendría sentido que se convoque su expertiste luego. Hay regulaciones vigentes que admiten impedimentos temporales para ciertos funcionarios, pero, luego de ello, verlos como expertos que acompañan a las entidades es muy útil: con ello demuestran que no contribuyen por un favoritismo político de turno, o a un gobierno específico, sino que trabajan para el Estado.
Siempre hay que investigar y sancionar las irregularidades. También se debe prestarle atención a los impedimentos y conflictos de intereses. Pero no politicemos el valor de la evidencia y el conocimiento por provenir de nuestros adversarios políticos, o por celos de alguna mezquina índole. Porque de eso se trata la demonización de la consultoría en este momento político.
Subvalorar el conocimiento parece poco serio. Y más aún en el sector educativo. ¿Qué educación es aquella donde le dices a tus estudiantes que cuando se especialicen y quieran contribuir a su país, serán perseguidos?
[1] No entraré en detalles al respecto de ese entredicho. Se harán las investigaciones del caso, y enhorabuena, porque la investigación también es una tarea especializada.
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Claro y fuerte, se polemizar este tema para manejos médicos, sin embargo tu relato lo aclara todo, el buen uso de los recursos humanos.
Resultados de consultorías ???????? Realmente indignante este artículo escrito previsiblemente, y por el CV, por un suertudo consultor. El tema es que ya pasaron 10 años y se han gastado 720 millones, y no somos Finlandia, por el contrario seguimos con la misma educación paupérrima o peor. Todas esas consultorías no han servido para nada, en un ministerio manejado por la izquierda progre caviar que ha fracasado en la educación. Esos son los resultados objetivos, corroborados con la realidad.
El tema no son las consultorías en si, sino el manejo irregular de los fondos del Estado para consultorías inservibles, y por supuesto, la lista de beneficiados, que han sido siempre los pseudo intelectuales de una tendencia ideológica. O sea, el grupo de amigos. Igual ha ocurrido en Sunedu, otro bastión de la izquierda progre que por suerte ya ha sido desmantelado por el TC. También con resultados paupérrimos en 7 años.
La eficiencia está en la gestión de los recursos adecuadamente y aquí ha habido despilfarro desmedido a favor de un grupo seleccionado de consultores, con ningún resultado positivo visible. Corresponde ahora al Ministerio Público investigar los posibles delitos incurridos y que ya han sido denunciados nada menos que por el actual Ministro de Educación.
Cobrarme lo que quieras pero dame resultados, de q vale «contratar» tantas «consultorías» si todo sigue siendo un desastre. No es malo pedir servicios lo malo está en como lo hacen en este país lleno de mediocridad y amiguismos.
Ahora un exfuncionario no debería hacer consultorías bajo la premisa de que si le entidad es un desastre y el trabajo ahí, es obvio que es parte del problemas así que sería muy tonto que cuando deja de ser empleado público se le aparecen todas las soluciones
Este texto pasa por alto dos puntos muy importantes: i) El Estado no suele identificar el problema que quiere resolver a través de las consultorías, no sabe para que las solicita, sólo para favorece a los amigos y ii) Los consultores no son gente competente, no resuelven ningún problema, ni saben donde están parados, sólo quieren sangrar.
Estos dos puntos deben ser facil, en mas de un 70% de las consultorias realizadas. Adicional a esto es totalmente ilogico que las consultorias esten relacionadas a temas estrictamente centrados en la funcion de la entidad, donde, se supone se tienen funcionarios de alto nivel capacitados para desarrollar e implementar las politicas publicas necesarias.
Lo unico que puede justificar una consultoria es para implementar sistemas que mejoren procesos, o desarrollen un tema que no deberia ser responsabilidad directa de los profesionales que ganan un billeton en el ministerio de turno. Es un texto sesgado por un autor que, evidentemente se dedica a las consultorias, pero que no las justifica como debe.
Que macro empresa en el mundo gasta $20 millones anuales en consultorías durante 10 años ????’ jajaja….. Y los mas grave, repitiéndolo todos los años a pesar de que no hay ningún resultado positivo. Esa es la gestión fraudulenta del Ministerio de Educación, en cristiano robo y mafia. Es la razón por la que la progresía en prensa ha defendido con garras este ministerio… ahora ya entienden porque el Fujimorismo censuró a ese falso valor de Saavedra, ministro de educación de PPK y que venía desde Humala?. Ese señor cuya gestión fue un absoluto fracaso, le aseguraba buffet de consultorías a los supuestamente «más capacitados» (jajaja) que dice el autor de la nota.