Cuando el miedo paraliza a la innovación
En su libro Mission Economy, la economista Mariana Mazzucato hace varias propuestas para mejorar la manera de entregar servicios a las personas, todas ellas en el marco de una economía de mercado.
Para Mazzucato, se trata de plantearse una misión que será imposible de lograr si solo la realizan por separado el sector público o el sector privado. Por ejemplo: universalizar el acceso y el uso de internet. Uno necesita del otro para innovar, avanzar y compartir pérdidas y ganancias. No se trata de que cada uno se limite a su ámbito de competencia, sino que se colabore y avance de manera conjunta. Si no hubiera disponible capital privado de riesgo, es razonable contar con recursos públicos y estos se pueden canalizar no solo a través de los fondos disponibles en los consejos nacionales de investigación, sino también a través de programas y proyectos.
Como todos sabemos, cualquier idea nueva es sometida a varias pruebas antes de ser considerada exitosa en lograr su objetivo —en el ejemplo que nos ocupa, universalizar el acceso y uso de internet–. En el camino, por lo tanto, más allá de los diseños ambiciosos y perfectos, de profundos análisis costo-beneficio o de la gran participación de los beneficiarios en las consultas, algo siempre puede salir mal; puede ocurrir un evento inesperado que afecte toda la programación —solo pensemos en cuántos planes teníamos antes de la pandemia y cómo fueron modificados y cuántos costos asumimos— o algún supuesto crítico podría no materializarse a pesar de toda la evaluación de riesgos y la respectiva programación de su gestión. En resumen: todo el dinero público invertido podría irse al agua.
Mazzucato afirma que este es un riesgo que una misión tiene que asumir, porque no todo es pérdida. ¿Cómo así? Pues porque cada error deja lecciones que serán útiles, si no en la misma misión, en alguna futura con distinto objetivo. En suma, se genera conocimiento, lo que constituye en sí un bien público.
Cuando leí esta parte del libro, me pregunté qué pasaría en nuestro país si un programa que consume recursos públicos no alcanzara sus objetivos, en el marco de un esfuerzo de innovación. Si alguno de nuestros lectores es o ha sido funcionario público, ya se debe haber respondido: caería un proceso de investigación del órgano de control. No importa si el servidor siguió todos los procedimientos, si realizó todos los análisis, o consultó con quien debía: el auditor del órgano de control siempre encontrará algo que, a la luz de información disponible cuando se hace la evaluación y no cuando se diseñó la intervención, será de responsabilidad administrativa o penal del funcionario responsable.
Este es el estilo “después de la guerra, todos somos generales” o “después del resultado del partido, los cambios se debieron hacer antes”.
Este tema, aparentemente inactual, tiene toda la relevancia que debería merecer. No solamente porque ocurre todos los días y ata de manos a innumerables funcionarios, sino por un caso que ha salido en los diarios recientemente: la aprobación por el pleno del Congreso de la acusación constitucional contra varios funcionarios del gobierno de Vizcarra al inicio de la pandemia. El caso más escandaloso es aquel que encuentra responsabilidad por medidas tomadas en febrero del 2020, puesto que en aquel momento nadie en el planeta tenía certeza alguna sobre la enfermedad. Recién salían en los periódicos los casos en Italia y la OMS no había aún declarado pandemia alguna.
Me temo que la gran recomendación de Mazzucato, quien asesora a la Unión Europea y a un conjunto de gobiernos, caerá en saco roto en nuestro país, donde las autoridades asumen que los funcionarios públicos no son humanos, ya que tienen cercenado el derecho a equivocarse.
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El factor político y no meritocratico del sector público es uno de sus problemas, la especialización de un recurso humano es importante