LA CAÍDA DE UN DERECHO Y LA CRISIS DE LAS DEMOCRACIAS


El fin de “Roe vs. Wade” nos afecta a todos más de lo que pensamos 


José Rodríguez Ramos es periodista y analista internacional. Licenciado en Ciencias Sociales y Humanidades, en la Universidad de Palermo (Argentina). Diplomado en Comunicación Política, en la Universidad del Pacífico (Perú).


Tras casi 50 años, el aborto dejó de ser un derecho constitucional reconocido en los Estados Unidos. El último viernes, la Corte Suprema de ese país derogó finalmente el precedente conocido como “Roe vs. Wade”, una sentencia que desde 1973 era el principal –y único– mecanismo que garantizaba su legalidad a nivel nacional.

Si bien el nuevo fallo no prohíbe en sí mismo el aborto en todo el país, sí abre la puerta a que cada estado tenga la potestad de legislar sobre el tema como mejor le parezca. Muchos incluso ya habían empezado a hacerlo anticipándose a la sentencia. Según el Guttmacher Institute, 22 de los 50 estados tienen ya aprobadas leyes que restringen o prohíben el aborto. No venían siendo aplicadas, pero están entrando en efecto casi inmediatamente tras la derogatoria de “Roe vs. Wade”, lo cual pondrá en riesgo a millones de mujeres estadounidenses de la noche a la mañana. La evidencia también sugiere que, en consecuencia, aumentarán los niveles de pobreza infantil y de desigualdad económica en el país, entre otras cosas.

Y, sin embargo, todo esto podría ser solo la punta del iceberg.

La decisión tomada por la Corte Suprema estadounidense no es un hecho aislado sino, más bien, un síntoma de la crisis de la democracia liberal a nivel global. Y podría ser, además, solo el inicio de otros retrocesos históricos.

Lo primero que hay que resaltar es la magnitud de esta contramarcha. Visto desde un país como el nuestro –en el que el debate por el aborto es reciente– tal vez esto no parezca cambiar demasiado. Sin embargo, la derogatoria de un reconocimiento constitucional de este tipo, borrando medio siglo de precedentes, es algo raramente visto en democracia. Un artículo publicado el año pasado en el New York Times mostró que, mientras decenas de países han ampliado el acceso legal al aborto en este nuevo siglo, los únicos que lo han restringido son EE.UU., Nicaragua y Polonia. Estas dos últimas, naciones que han dejado de ser democracias plenas en los últimos años.

Si ponemos el foco en Perú, la constante crisis política -que degrada nuestro funcionamiento democrático día a día- también ha venido acompañada por un avance importante de sectores ultraconservadores que protestan contra los pocos derechos existentes en salud reproductiva, como la educación sexual integral. Recordemos que este mes la Comisión de la Mujer del Congreso dio luz verde a un proyecto de ley que, según especialistas, puede atentar contra el derecho al aborto terapeútico, la única causal legal en nuestro país. En ese sentido, no sorprende que esta iniciativa haya sido presentada por una congresista del fujimorismo, el sector político que precisamente reivindica a la última dictadura de nuestro país.

Por supuesto, todo esto no significa que quienes se oponen al aborto sean necesariamente menos democráticos que quienes están a favor. Pero sí muestra que en donde se logran avances importantes en estos temas, estos solo son deshechos en un contexto de degradación de la democracia liberal.

En el caso estadounidense, la forma en que se ha concretado el final de “Roe vs. Wade” es también un reflejo de las grandes grietas que muestra ese sistema político. En primer lugar, el sistema electoral tiene falencias que, por ejemplo, permitieron que alguien como Donald Trump llegue al gobierno habiendo sacado menos votos que su contrincante. Y también permite que el Senado, el ente también encargado de ratificar a los miembros de la Corte Suprema, mantenga una proporción que no representa el voto nacional. Cualquier pequeño estado rural tiene la misma cantidad de senadores que los estados más poblados del país, como California o Nueva York, lo cual facilita el bloqueo legislativo en muchos temas. A esto, se ha sumado un grave nivel de radicalización política, que llegó a su punto más alto en enero del año pasado, cuando miles de simpatizantes de Trump asaltaron el edificio del Capitolio, intentando impedir que se confirme su derrota electoral.

El entrampamiento político estadounidense ha hecho que la Corte Suprema se convierta en el verdadero espacio de decisión y en el mayor campo de batalla política. Y esta disputa se ha inclinado finalmente hacia el extremo conservador, gracias a que el corto gobierno de Trump pudo renovar a 3 jueces de los 9, logrado gracias a una mezcla de suerte y deshonor. En 2016, tras la muerte del juez conservador Antonin Scalia, los senadores republicanos se negaron a considerar al candidato propuesto por el entonces presidente Barack Obama, alegando que no era correcto hacerlo en víspera de una elección. Sin embargo, cuatro años después, cuando ocurrió lo mismo en el último año de Trump con la muerte de Ruth Bader Ginsburg, los mismos senadores eligieron a su sucesora en tiempo récord y a solo semanas de las elecciones, pisoteando su propio precedente.

Así se consolidó la actual mayoría conservadora de 6 a 3 en la corte que ha puesto fin al derecho al aborto, a pesar de que hoy tanto la Presidencia como las dos cámaras del Congreso están en manos del Partido Demócrata. Y también a pesar de que, según Gallup, el 85 % de estadounidenses están a favor del derecho al aborto, sumando a quienes apoyan su legalización en ciertas circunstancias y a quienes creen que no debería tener restricciones.

Este deterioro político no hace otra cosa que profundizar la distancia entre la gente y las instituciones. “¿De qué sirve votar, si al final son un puñado de senadores y 9 jueces no electos por voto popular los que definen el futuro del país?”, se preguntan muchos, con algo de razón. No es menor que la reacción del sector más progresista del partido demócrata al fallo contra “Roe vs. Wade” haya sido, no solo oponerse al fallo, sino cuestionar la legitimidad misma de la Corte.

Ahora bien, tal vez incluso más preocupante que el estado actual de las cosas son las puertas que esta sentencia podría abrir.

El fin de ‘Roe vs Wade’ no solo retrocede 50 años el acceso al aborto en EEUU sino, más bien, lo lleva a un futuro incierto y preocupante. El mes pasado, la especialista en tecnología Zeynep Tufekci publicó una columna aterradora sobre lo que podría significar en la práctica una persecusión del aborto en el siglo XXI. Tufekci explica que los avances de la tecnología y la cantidad de información personal que nuestros dispositivos filtran a entes privados y estatales podrían ser usados en contra de las mujeres. Aplicaciones tan inocentes como las que ayudan a seguir el ciclo menstrual podrían guardar evidencia de un embarazo no concretado. El rastreo de la localización podría servir para identificar a las personas que viajan a otros estados en busca de un aborto. Una mujer que deja de usar su aplicación de delivery para comprar sushi y vino, para empezar a comprar medicinas contra las náuseas, podría ser sospechosa para las autoridades. No hay límite en las situaciones distópicas imaginables cuando el Estado regula los cuerpos de las personas.

Y otros tipos de precedentes constitucionales recientes podrían correr la misma suerte que el derecho al aborto. Ya uno de los jueces supremos que votaron a favor de terminar con “Roe vs. Wade” ha pedido que se revisen del mismo modo otros precedentes que garantizan derechos no explícitos en la Constitución, como es el caso de sentencias de la Corte que reconocieron el derecho al matrimonio igualitario, e incluso a las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.

Esto sin ni siquiera profundizar en el indudable impulso que esta sentencia va a generar en grupos y partidos conservadores a nivel internacional. Desde Europa hasta Argentina, es muy probable que se intenten retrocesos similares que hasta hace una semana eran impensados.

¿Qué panorama concreto podemos esperar en lo que algunos califican como la “era post Roe vs. Wade”? Solo el tiempo lo dirá. Lo que está claro es que la sentencia del viernes es un duro golpe para el avance en derechos individuales y para la democracia liberal a nivel global.

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