El gobierno quiere que nuestra memoria se pudra


Una nueva tragedia nacional inminente: el traslado a El Callao del Archivo Republicano


Hace unos años escribí en Jugo de Caigua una columna donde describía la forma en que el sector de la cultura se hundía. Hace dos, cuando el Poder Judicial ganó el caso contra el Archivo General de la Nación y se ordenó el desalojo de más de 150 millones de documentos en un proceso donde aquel era juez y parte, escribí que corríamos el riesgo de convertirnos en un país con alzhéimer, que éramos el país de los cien años de olvido. Hoy estamos cada vez más cerca a eso. La ministra de Cultura ha firmado un acuerdo con el Poder Judicial para desalojar los espacios que ocupa el Archivo Republicano desde hace ochenta años y trasladar este a un local industrial en El Callao, el lugar más húmedo de la ciudad, local situado además al costado de una fábrica de insumos químicos y de lejía donde los delicados documentos de doscientos años de antigüedad estarán expuestos a toda clase de riesgos

El jefe institucional del Archivo, el señor Ricardo Moreau, un abogado de la Universidad San Martín que ha trabajado como asesor del AGN en varias oportunidades desde el año 2005 y que conoce al detalle la situación de los documentos, así como de los locales, asegura que se trata de un traslado temporal. Por si fuera poco, aparece en la prensa defendiendo la medida de alquilar a un particular un local por tres años renovables a un costo de 12 millones de soles, sin explicarnos realmente por qué esto resulta mejor que encontrar una solución permanente, ya sea mediante la construcción del local que ya está proyectado o acondicionando algún otro inmueble que sea propiedad del Estado Peruano. Asevera que su preocupación no se dirige solo al patrimonio documental, que sabemos de incalculable valor, sino también a la salud de los trabajadores que actualmente tienen que laborar en condiciones muy precarias. A pesar de ello, el sindicato de trabajadores del AGN se ha pronunciado en contra de la mudanza al local propuesto por juzgarlo inapropiado.

¿Estamos ante un caso en que es peor la solución que el problema? Todos los expertos coinciden en que sí. Los organismos internacionales que velan por el patrimonio documental del planeta (la Asociación de Archivos Latinoamericanos y de Memoria del Mundo, así como un comité designado por la UNESCO), han expresado su profunda preocupación por lo que viene sucediendo en el Perú, ya que existe el consenso de que una mudanza temporal de este tipo resulta un grave riesgo para un archivo nacional. Para evitarlo, han ofrecido armar una mesa de diálogo con el fin de encontrar la mejor solución posible, basándose en el acompañamiento que prestaron a las recientes mudanzas de los archivos de México y Argentina.

¿Estará dispuesto a dialogar el Ministerio de Cultura? Esperemos que ese sea el caso y que el Ministerio haya aprendido algo de la desastrosa experiencia reciente con la adjudicación de la venta de los boletos de Machu Picchu a una empresa privada. Esta fue detenida a tiempo gracias a la presión de los interesados y la Contraloría ha confirmado que el contrato que el Ministerio firmó con la Plataforma Joinuus fue irregular y trasgredió las normas constitucionales. En su comunicado oficial, el MinCul asegura que las personas responsables ya no laboran en la institución y que se está desarrollando una plataforma de venta de boletos desde el mismo Estado peruano. En el caso que nos ocupa también existe la posibilidad de replantear el destino del archivo y hallar una solución que sea más idónea para el tesoro que debemos resguardar. Estamos ante una oportunidad única de obtener un espacio adecuado para preservar la memoria de todos los peruanos y peruanas.

Este es además un llamado urgente y que venimos haciendo desde hace décadas todos los interesados en el Archivo. Me parece especialmente trágico que tengamos un Museo Nacional en Pachacamac, construido con un costo altísimo (130 millones de dólares) a espaldas de las opiniones de los expertos, y que hoy languidece vacío, sin colección y sin posibilidad de albergarla, mientras que el Museo Nacional de Arqueología y Antropología lleva años parcialmente cerrado, con solo la Quinta de los Libertadores y las salas dedicadas a Chavín en servicio. Es inaudito que llevemos años pidiendo que se construya un local apropiado para el AGN, y que se disponga de un terreno, unos planos y los expedientes técnicos listos, atascados en la Ejecutora 8 del Ministerio de Cultura, mientras el MUNA agoniza sin visitantes, sin colección y apenas con la muy remota posibilidad de que acoja una exposición por el Bicentenario, para la que se organizó un concurso en 2020 y que ahora, con únicamente tres meses de margen, se intenta llevar adelante a cualquier precio, solo porque ya se nos echa la fecha encima.

Mientras los deudos de las personas asesinadas por la represión estatal de este gobierno, que suman casi cincuenta, acampan frente a Palacio de Justicia y son agredidos con gas pimienta; mientras los artistas se organizan para acompañarlos dibujando Retablos por la Memoria y montando Alfombras Rojas donde los colectivos pueden, de manera silenciosa y respetuosa, expresar su descontento y exigir un reconocimiento; en medio de esa represión e insensibilidad oficial, nuestros documentos, testigos de tantas luchas del pasado, tantos episodios nacionales que a todos nos competen, se ven abocados a una posible terrible suerte, con una mínima esperanza de poder recalar finalmente en un lugar óptimo donde sean resguardados y cuidados como merecen.

Los documentos que reposan en el Archivo General de la Nación nos pertenecen a todos, son la memoria viva de la ciudadanía peruana al completo. En ellos se consignan muchas de nuestras historias y no importan solo porque se hallen ahí los papeles fundacionales de nuestra república: importan porque son el espacio donde reposan nuestros antepasados, nuestros muertos, quienes vivieron antes que nosotros y construyeron con su esfuerzo nuestro país. Es nuestra labor y responsabilidad proteger y cuidar su legado a través de la conservación de esos documentos. Y por ello resulta indispensable que sepamos escoger un espacio a su altura.


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