El daño no previsto de las crisis políticas

Algo de teoría política para medir la irracionalidad 

Si alguien tiene que ir del punto A al punto B, ¿tomaría la ruta más larga o la más corta? Sin considerar otros factores, es de esperar que una persona tome la ruta más corta porque le beneficia en términos de tiempo y energía. Se supone que la mayoría de los seres humanos toma decisiones como estas cotidianamente, lo cual hace su comportamiento predecible. Al menos así lo afirman varias teorías, incluida una de las ciencias políticas que nos ayuda a entender el origen de las crisis entre los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). 

Esta aproximación al comportamiento de los actores políticos es llamada Teoría de la Elección Racional o RationalChoice Theory, en inglés. Su premisa básica es que las personas e instituciones toman las decisiones que beneficien más sus intereses. Eso es ser racional, de acuerdo a este enfoque. 

Entonces, racionalmente, ante dos o más opciones, la selección ganadora será aquella que más convenga o la que haga menos daño. Esto puede servir para explicar, por ejemplo, cómo votamos por el “mal menor”, o por qué alguien decide no pagar sus impuestos, cuando no ve consecuencias en el corto plazo. En otro nivel, también explica por qué un congreso decidiría vacar a un presidente si se siente amenazado por el mismo. Tanto una potencial disolución del congreso como una amenaza de vacancia responden a lo que Gretchen Helmke define como una “crisis entre poderes del Estado”. Se trata de episodios en los cuales un poder, como el legislativo, desafía la composición de otro.

Aunque suena simple, las decisiones racionales contribuyen a entender muchos eventos. Con esta misma premisa base, Helmke concluye que si los actores políticos supieran cuán costosas son las crisis, las evitarían a todo costo. Así, lo racional para un congreso no sería vacar a un presidente, sino lo contrario, por el daño que representa para la institucionalidad de ambos. Hugo Ñopo compartió aquí ideas sobre el costo de estas crisis hace un par de días: las revocatorias municipales, por ejemplo, afectan la calidad de los futuros candidatos. La inestabilidad política ahuyenta de los puestos más importantes a las personas más preparadas. Para las y los ciudadanos es una decisión racional mantenerse lejos de un espacio caracterizado por la inestabilidad. 

Vacar a un presidente es institucionalmente costoso y disolver un congreso genera un gasto público significativo. Se calcula que el Estado gastó 15,1 soles por voto en las elecciones presidenciales del 2016. Para ser racional, la decisión de disolver el Congreso tendría que superar los beneficios en cientos de millones de soles. La negociación y los compromisos son alternativas mucho más baratas para resolver conflictos, pero no las más utilizadas en el Perú ni en América Latina. La pregunta es inevitable: si las crisis entre poderes del Estado son tan costosas, ¿por qué siguen optando por ellas? ¿Son acaso las instituciones irracionales? 

Helmke atribuye tales decisiones irracionales a dos factores. Primero, existe una asimetría informativa ya que, aparentemente, los actores políticos no saben o no son conscientes del costo real de la crisis política, incluso para ellos mismos. Un presidente que no nota los riesgos de tener un poder judicial lleno de sus simpatizantes ha calculado mal la repercusión que esto tiene para su propia legitimidad. Además, los actores políticos y las instituciones, según la autora, no son capaces de asumir compromisos creíbles. Este factor también está afectado por la asimetría informativa. En el caso de los poderes, ninguno sabe cuánto o cuándo ceder. De ese modo, generan expectativas desmedidas o se rehúsan a ceder en aspectos de escaso impacto relativo. Las crisis se ocasionan porque nadie en los poderes tiene suficiente conocimiento para negociar eficientemente. 

El Perú funciona bajo un sistema de gobierno presidencialista. La figura del presidente tiene, constitucionalmente, atribuciones contundentes que van desde personificar a la nación peruana hasta declarar la paz o la guerra. Como resultado, el Ejecutivo puede ser percibido como más poderoso que los otros poderes del Estado. Un análisis más fino muestra que los presidentes en América Latina no son tan omnipotentes como parece. La pregunta es si los otros poderes son también conscientes de esa no-omnipotencia. 

Hoy, que la falta de preparación está tan en boga sobre la administración gubernamental, aproximaciones teóricas como esta añaden un aspecto sobre el cual también es necesaria más (in)formación. Los actores políticos y las instituciones requieren conocer para tomar decisiones más racionales, negociar y asumir compromisos. Claramente, esto asume que la principal preocupación de tales actores es el Estado al que sirven, en lugar de intereses personales y privados. Otra posibilidad es que estos actores sí sean muy racionales pero para sí mismos, y no para el país.