¿Será este el año en que los Fujimori enfrenten a la justicia a la vez?
Desde hace más de treinta años la familia Fujimori acapara las noticias en el Perú, y en los últimos veinte debido a sus temas judiciales. Así, esta semana volvió al centro del debate la posible ampliación de los casos por los que se extraditó de Chile a Alberto Fujimori, y también se ha designado la sala penal que juzgará a su hija Keiko. Mientras tanto, los periodistas que trabajan incansablemente para que estos delitos —y otros más— no queden impunes, se ven amenazados por los miembros del grupo compuesto de fujumoristas autodenominado ‘La resistencia’, quienes gritan improperios en sus puertas, sin consecuencia alguna.
Desde la aparición de Alberto Fujimori en la política nacional en 1990 su figura no ha dejado de causar polémica, aunque no faltan quienes consideran que su administración logró derrotar a los males que nos acechaban entonces: la hiperinflación y el terrorismo. Para algunos, los métodos empleados, así no hayan sido democráticos y hayan tenido un altísimo costo social, aunque hayan violado leyes y se haya asesinado personas, además de violentado los cuerpos de cientos de miles de personas con esterilizaciones forzadas, son aceptables y pueden fácilmente ser minimizados cuando consideran los saldos positivos. Sin embargo, más allá de esas apreciaciones, se trata de delitos y es por eso que Fujimori enfrenta a la justicia.
Pero volvamos al año 2000, cuando Fujimori se reeligió en contra de las reglas impuestas por el mismo y haciendo trampa. Para entonces ya era casi imposible ocultar la podredumbre y fue en ese contexto cuando, un mes después de haber juramentado en el cargo, se presentó con su entonces asesor Vladimiro Montesinos en la televisión. Los dos, vistiendo la misma corbata, declararon que se había logrado desmantelar una operación de venta de armas al grupo terrorista colombiano Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sin embargo, no tomó mucho tiempo para que la verdad fuera revelada y que quedara claro que quienes habían vendido las armas eran en realidad Fujimori y Montesinos. Muchos analistas consideran que este fue un punto de quiebre para que los Estados Unidos decidieran que no podían seguir apoyando a la dupla.
Poco más de un mes más tarde apareció el video de Montesinos comprando la lealtad de un congresista, algo que muchos sabían, pero que ahora se podía ver a todo color. Los vladivideos se tumbaron a Fujimori quien, en noviembre de 2000, escapó a Japón, donde se hubiese podido quedar sin enfrentar la justicia. Pero a fines de 2005, quizás pensando que podría postular a la presidencia del Perú y ser aclamado por las multitudes, decidió volver. Un error de cálculo llevó a que fuera apresado en Chile, pues existía una orden internacional de captura con su nombre, y es muy probable que Fujimori pensara que sus amigos en el país de sur lo protegerían. Esto no fue así porque después del proceso de extradición de Pinochet en Londres (1999-2001) y de la elección de Michelle Bachelet, la posición de la justicia en Chile había variado.
El proceso de extradición de Fujimori fue largo y, finalmente, llegó al Perú en 2007 para ser juzgado por los casos que la Corte Suprema de Chile aprobó. En 2009 fue sentenciado a 25 años de cárcel por los casos de La Cantuta, Barrios Altos, y los secuestros de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer, y se declaró culpable en los procesos por corrupción y la compra de los diarios chicha, por los que recibió 7 años de cárcel. Como sabemos, estuvo preso hasta diciembre de 2023, cuando se le dio un indulto irregular.
Un año antes de la extradición de Fujimori, en 2006, Montesinos fue sentenciado a 20 años de cárcel por la venta ilegal del armamento comprado con dinero de la droga a Jordania y lanzado en paracaídas a la selva colombiana en 1999. El piloto que hizo la maniobra —el ucraniano Dmytro Chornyi— fue condenado a 25 años y en setiembre del año pasado fue detenido en Albania cuando intentaba ingresar a ese país de manera ilegal. Su proceso de extradición al Perú está en curso.
Es posible que este círculo se cierre ya que, cuando el expresidente Pedro Castillo y su entonces premier Guido Bellido aceptaron la resolución para ampliar los casos por los que podía ser extraditado Fujimori, las ruedas de la justicia comenzaron a rodar. El 19 de enero la fiscalía chilena aceptó los casos y los ha presentado ante la Corte Suprema de ese país, que deberá decidir se existen pruebas suficientes para juzgar a Fujimori. Pero no se trata solo del caso de las armas que se vendieron a las FARC —que ya ha sido juzgado y del que existen muchas pruebas—, sino que también están incluidos el de las esterilizaciones forzadas, además de conspiración, falsedad genérica, entre otros. Al mismo tiempo, recordemos que su hija Keiko enfrenta a la justicia peruana acusada de lavado de dinero, organización criminal, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.
Keiko Fujimori buscó llegar a la presidencia y fue tres veces derrotada en forma consecutiva. A pesar de manifestar que era diferente a su padre, en cada intento no ha hecho más que buscarse pleitos con la justicia. En por lo menos dos de estas campañas recibió aportes de dinero que no declaró y que luego buscó blanquear diciendo que se trataba de otras personas e, incluso, intentó amedrentar a los testigos. Existen muchas pruebas de todo ello y por eso su situación legal se complica.
La manzana no cae demasiado lejos del árbol y la hija, al igual que el padre, pareciera haber hecho política también quebrando la ley. ¿Será este el año en que ambos enfrenten a la justicia a la vez? Es difícil saberlo, porque ya hemos visto hace poco la utilización del Tribunal Constitucional para sacar al padre de la cárcel contraviniendo la justicia transnacional, y nada asegura que no pueda volver a ser usado de manera política.
No obstante ello, los delitos de padre e hija no serán olvidados por muchos y la historia seguirá tomando notando.
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