El aparato público como víctima de la gestión de Pedro Castillo

Enrique Prochazka es narrador, experto en políticas públicas, inventor y montañista. Estudió Filosofía y Antropología en la PUCP y Arquitectura en la URP. Ha sido Secretario de Planificación Estratégica del Ministerio de Educación, Secretario General de MININTER y miembro del Consejo Superior del Deporte. En Hispanoamérica es considerado un escritor de culto. Vive en Estocolmo.
Leo no pocos artículos y comentarios que abordan la cuestión de por qué la indignación popular no toma las calles como lo ha hecho en el pasado mediato. Por mucho que el reciente alboroto político/judicial —vía el repetido hartazgo y la anestesia de ese mismo hartazgo— pareciera haber terminado de arrebatar a los peruanos sus últimos jirones de esperanza de un futuro mejor, hay al menos otra perspectiva y, por si fuera poco, mejores razones para actuar que la mera indignación.
Desde Lima y desde las redes sociales a menudo se pierde de vista que a uno de cada cuatro peruanos el desempeño de Pedro Castillo le parece correcto y positivo. Esta cifra es muy alta para un «presidente malo». Alejandro Toledo tenía un 8 % haciendo las cosas muchísimo mejor. Esa diferencia da cuenta de cómo lo que décadas atrás nos sublevaba —como el intento de Alan García de estatizar la banca— ahora es algo normalizado, y lo que antes nos aterraba hoy apenas si origina alguna movilización en contra. Hay una transformación social indudable, de la que no se escucha explicación suficiente, salvo poco elaboradas quejas de “lumpenización”.
En un artículo anterior sugerí que parte de esta nueva tolerancia hacia los desmanes desde el poder —que se ha leído, creo que bien, como un revanchismo racial y de clase— puede estar estructurado además por el sistema andino de turnos en los cargos. Sigue pendiente un mejor análisis de este ordenamiento; otro posible ángulo es que este mecanismo ancestral se aceite con un clientelismo bien ejecutado.
Así, lumpenización, revanchismo y clientelismo efectivo protagonizan esta danza compleja y fatal que es imperativo conocer mejor. Si esa danza resulta endémica o no, queda al debate; pero me urge abordar el que quizá sea su efecto más pernicioso. Porque el mayor daño de largo plazo que vamos a sufrir los peruanos es la demolición de la administración pública a manos del régimen de Castillo y del Legislativo.
El funcionamiento del aparato público es matricial. Tres poderes del Estado, una veintena de sectores ejecutivos transversales a tres niveles de gobierno y una docena de sistemas administrativos transversales a todo el conjunto. Las intrincadas normas que regulan este pequeño universo han ido evolucionando en estas tres décadas, desde las reformas de primera generación implantadas en los 90 a una serie de esfuerzos más recientes —algunos heroicos, la mayoría fracasados— por establecer reformas de segunda generación. En ese estado de cosas se encontraba el deep state peruano hasta julio de 2021: empantanado entre los buenos deseos y las viejas incompetencias, con algunas islas de eficiencia en combate contra mareas inopinadas y contra reformistas con antifaz. Pero tenía una articulación racional, y funcionaba.
Pero —y esto es lo terrible— sin siquiera proponérselo, la marabunta que empezó a danzar en el Estado en julio de 2021 ha desestructurado a martillazos este universo normativo que refiero arriba: organigramas y reglamentos de organización, manuales de función, términos de referencia, candados presupuestales, criterios sobre planillas… todo lo que les dificultara o impidiera su única meta, que era colocar personas en puestos públicos clave para el clientelismo y el lucro personal, ha sido bombardeado con la colaboración de un Congreso muy cómodo con la oportunidad de beneficiar(se) en lo privado. Entre la irracionalidad y el disparate, han agujereado la línea de flotación del aparato público, con efectos duraderos y difíciles de reparar en los plazos corto y medio.
El efecto sobre la institucionalidad social y la acción privada —un Estado que funcionaba a medias empieza a hundirse visiblemente— se puede observar en la progresiva reducción de las reacciones de la calle ante los intentos por apoderarse de la SUNEDU (grande en su momento), en contraste con la de la efectiva estatización de la Derrama Magisterial (que pasó sin reacción por las asesorías jurídicas de cuatro ministerios y numerosos colegios de abogados y universidades) o la más reciente de convertir el Servicio Civil en una agencia de empleo con la R.S. 124-PCM (ninguna reacción, que yo sepa).
Estoy seguro de que en el aparato público hay movimientos de resistencia a esta debacle. También tengo certeza de que su insuficiencia es obvia: los está sobrepasando la danza ciega de los párrafos previos, la acción de los topos con poder. Sin embargo, no puede atenuarse la importancia de esta batalla. La eficacia del aparato público es la herramienta con la que deberemos contar para recuperar la confianza del ciudadano, ya no digamos en la democracia, sino en algo distinto a la ley de la selva y la hegemonía del reyezuelo de turno.
De otra manera, dentro de algunos años turbulentos enfrentaremos la posibilidad no solo de tener a varios criminales condenados compitiendo por el voto lumpen en la primera vuelta electoral, sino de un par de expresidiarios rifándoselo en la segunda: y que, sostenido en partes iguales por la anestesia y por el hartazgo, Pedro Castillo vuelva a sentarse en Palacio para un segundo mandato.
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Plenamente de acuerdo con el análisis y las conclusiones, es penoso observar cómo se deshace lo bueno en el funcionamiento estatal y se institucionaliza la mediocridad, el oportunismo y el lumpenismo, y para la mayoría de las personas es indiferente esta situación, es la herencia de la destrucción y pauperización de la educación que empezó con el nefasto gobierno de Alberto Fujimori. Cómo hacemos para empezar a formar ciudadanos con principios y valores, es una tarea ardua y esforzada como nadar contra la corriente.
Un artículo muy sobrio y veraz. Me parece que estamos en un punto de quiebre, aquí y ahora. Ya sabemos qué es lo que ocurrirá en los próximos años si lo que ocurra hoy no es lo que la mayoría de peruanos deseamos: un país con menos corrupción pero con más educación, cultura e igualdad de oportunidades. No espero que seamos iguales. Es imposible. Pero sí debemos tender, como un Imperativo Categórico, al bien, al bien común, claro. Y a esto se llama IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. También me parece que esto se inicia con una revolución en la educación.
Me parece que es una página de ayuda. Recién la conozco y me parece de muy buen nivel.