Dos armas clave contra la corrupción[1]


¿Qué tanto le exigimos al Estado sobre transparencia y acceso a la información?


Cindy Quispe Valencia. Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Master en Políticas Públicas por la Universidad Sciences Po Paris. Ha trabajado en para diferentes instituciones públicas como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en temas de acceso a la información pública, reforma de justicia y cooperación internacional. 


Este último domingo se llevó a cabo la segunda vuelta de las elecciones regionales en nueve regiones del país y, aunque no tuvo una gran cobertura nacional, este evento tiene un gran impacto en el uso del presupuesto público y en la confianza que tenemos y podemos tener en nuestras instituciones y autoridades. 

Dos indicadores nos ayudan a comprender la magnitud, positiva o negativa, que tendrán estas elecciones. El primero, el dinero. El presupuesto conjunto de las nueve regiones en donde hubo segunda vuelta–Amazonas, Cajamarca, Callao, Cusco, Lambayeque, Lima Provincias, Moquegua, Pasco y Piura– supera los 13 mil millones de soles para el año 2022. El segundo indicador son las investigaciones fiscales activas contra los gobernadores salientes de estas regiones, que son en total 214.

Recordemos que la pandemia por el COVID-19 continúa y que a esta emergencia se le suman otras, como las que produce el fenómeno de La Niña. Además, las demandas de servicios públicos en todas las regiones del país aumentan y con ellas el gasto público que se realiza en todos los niveles de gobierno. En este contexto, ¿qué se puede hacer para que los funcionarios públicos respondan a las actuales necesidades y se mantenga a raya la corrupción y las actuaciones irregulares? 

Si bien no existe una fórmula que pueda asegurarnos el destierro de la corrupción, sí sabemos que cuando la transparencia aumenta, se reducen los ambientes propicios para que esta se desarrolle. Y aunque no solo necesitamos transparencia, sino también una ciudadanía activa e interesada en vigilar la gestión pública, la transparencia y el acceso a la información son decisivos. 

En nuestro país, fortalecer y garantizar la transparencia y acceso a la información pública es la labor de dos órganos: la Dirección General de Transparencia y Acceso a la Información, o también llamada Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en adelante, Dirección General) y del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en adelante, el Tribunal). Ambos órganos forman parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuya dependencia limita las acciones que pueden realizar y la efectividad de estas. 

El Tribunal se encarga de resolver las apelaciones que presentan ciudadanos y ciudadanas ante la negativa de una entidad a entregarles información. Su labor consiste en analizar cada apelación presentada, así como la regulación vigente y, cuando corresponda, ordenar a las entidades públicas a facilitar el acceso a la información que se han rehusado a entregar. Si bien el Tribunal tiene independencia para resolver los casos que recibe, depende administrativamente del Despacho del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Por ello, por ejemplo, requiere realizar un procedimiento administrativo interno para la publicación de notas o comunicados de prensa sobre las actividades que lleva a cabo.

Al revisar las notas de prensa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, vemos que hasta el 4 de noviembre de 2022 ha publicado 313 en total. De estas, únicamente doce notas de prensa se refieren a transparencia y acceso a la información, es decir alrededor de un 3%. De estas doce, solamente cinco se refieren a actividades que realizaron, en conjunto, la Dirección General y el Tribunal. Las notas de prensa se refieren a la participación de ambos órganos en eventos internacionales y en actividades de sensibilización. 

La transparencia y el acceso a la información es una entre varias líneas de trabajo que se encuentran encargadas al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Por lo tanto, resulta lógico que su estrategia de comunicación no muestre exclusivamente las actividades sobre este tema. Pese ello, también es cierto que la estrategia de comunicación del ministerio invisibiliza la labor que ambos órganos llevan a cabo. Adicionalmente, llama la atención que ninguna de las notas de prensa del año 2022 se refiera al ejercicio de la función resolutiva del Tribunal, es decir, sobre los casos en los que ordenó a entidades públicas entregar información. 

El silencio sobre las resoluciones del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información nos hace perder la oportunidad de saber con certeza y discutir públicamente a qué información tenemos derecho a acceder. Discusiones que, en otras palabras, se refieren a extender o no la fuerza ciudadana para vigilar qué hacen nuestras autoridades.  

Durante el año 2022, el Tribunal ha resuelto casos con alto interés público, como la controversia sobre el acceso al registro de reuniones de altos funcionarios del Estado, proveedores del Estado y el presidente de la República, también conocido como el registro de reuniones de la casa de Sarratea. Si bien se puede decir que la independencia para resolver no está limitada, ya que en el caso mencionado se resolvió en favor del acceso a la información, el Tribunal no mostró capacidad para comunicar y legitimar entre la sociedad el trabajo que realiza. 

Son varias las razones que explican por qué el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no difunde las decisiones del mencionado tribunal. La falta de independencia y la cercanía del poder político son algunas de estas. Si bien tanto el Tribunal como la Dirección General se encargan de garantizar y fortalecer el acceso a la información, solo el Tribunal posee fuerza coercitiva, ya que puede ordenar a todas las entidades de la administración pública a entregar información. Entonces, resulta obvio que la publicación de una nota de prensa con contenido sensible para el gobierno no será parte de la estrategia de comunicación que aprobaría un ministerio. 

Si contamos con un órgano que garantiza la transparencia y el acceso a la información, este debería ser independiente para tener la capacidad de incluir en la agenda pública el contenido de sus decisiones y el fundamento de estas. Capacidad para comunicar a la ciudadanía, por todos los medios necesarios, qué información es pública a pesar de que haya funcionarios que persistan en considerarla como confidencial. La labor entonces, si queremos que sea efectiva, no se puede limitar a resolver casos. Es necesario difundir en qué consiste la transparencia y a qué información podemos acceder para garantizar que la ciudadanía podrá vigilar el ejercicio de la función pública. 

La OEA, en la Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre Acceso a la Información, propone que los países cuenten con un órgano garante de transparencia y acceso a la información independiente –que no se encuentre subordinado a ningún poder, órgano o institución pública– y colegiado, para arribar a decisiones objetivas, neutralizando prejuicios o intereses de grupos que van contra el interés general.  Corresponde a cada país discutir y decidir qué instituciones crea y cómo estas están conformadas. La democracia nos pide que esta discusión sea abierta y plural y que la decisión se corresponda con las necesidades actuales y pensando en los retos futuros a enfrentar. 

[1] Artículo basado en una investigación presentada el 24 de noviembre de 2022 en el IV Congreso Internacional del Instituto Complutense de Ciencias de la Administración.  


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1 comentario

  1. Gustavo Raúl Quispe Canales

    Primero felicitarla por una lectura excelente que trata justo los problemas que vivimos en el Perú y que demanda una solución. Las soluciones planteadas se encuentran alineadas a combatir la corrupción. La transparencia de la información permite evitar actividades fuera de los estándares de las buenas practicas de la administración pública.

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