Los altos costos a todo nivel de ilegalizar el aborto
Socióloga con experiencia en temas de género por más de 15 años. Apasionada por los derechos humanos. Docente, feminista de izquierda, y vegetariana. Curiosa de las tecnologías.
Supongamos que todavía estamos en fin de semana y queremos descansar viendo una serie. Te avisan que El cuento de la criada es muy interesante, así que la buscas y comienzas a verla. Te atrapa, porque esa trama en la que las mujeres están sometidas por completo al poder de una élite masculina te parece una utopía perversa. Sin embargo, te das cuenta de que no estás viendo una serie, sino que estás leyendo Twitter y las noticias en internet sobre la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos en la que se revoca el derecho de abortar libremente en todo el país, con lo que se deja esta decisión a las y los representantes políticos estatales.
El pasado viernes 24 de junio, la nueva sentencia determinó que dos anteriores fueran revocadas. Estas fueron la de Roe versus Wade (1973), que protegía el derecho al aborto en todo Estados Unidos, y la de Planned Parenthood versus Casey (1992), que ya implicaba un retroceso, porque permitía que los estados norteamericanos pudieran incluir regulaciones y limitaciones en los procedimientos de aborto.
Para ponernos en contexto, se entiende como aborto a la interrupción del embarazo cuando el feto no es viable fuera del útero, lo cual se asume en la actualidad hasta la semana 22. Cualquier interrupción después de esta semana se denomina parto inducido; por lo tanto, este procedimiento está fuera de nuestra discusión. Asimismo, se debe tener en cuenta no solo a las niñas y mujeres como tal, sino también a las personas intersexuales, transexuales o que estén en capacidad de gestar (Amnistía Internacional, 2021).
Con la decisión del Tribunal Supremo, se perjudica los derechos fundamentales de millones de mujeres norteamericanas y se da un mensaje antiderechos al resto del mundo. El problema es que, al violarse el principio de la autonomía física —que es parte de los derechos sexuales y reproductivos—, y siendo Estados Unidos miembro de la ONU, la prohibición del aborto no puede plantearse como una decisión local o nacional. Lo que puede establecer es protocolos que protejan la autonomía bajo la guía técnica para aborto sin riesgos de la OMS.
En lo que se refiere a las pacientes, tal como señalan Rodríguez-Pérez y autores, mientras más cuidadoso sea el procedimiento de aborto, menor será la carga emocional. Es el caso de los procedimientos quirúrgicos en comparación con el uso de pastillas, como el misoprostol, mifepristone y dilatadores. Estas tienen un menor costo económico frente a las operaciones ambulatorias, lo cual las hace asequibles para personas con bajos recursos económicos en regiones o países en los que el Estado no asume el costo. No obstante, el manejo de las pastillas no solo implica un costo relacionado a lo económico, sino también a la adquisición de conocimiento e información. Es decir, si el aborto se practica en un país o región en el que no es legal, la persona embarazada debe conocer todos los pasos antes, durante y después de la ingesta de pastillas, y la cantidad de ellas según las semanas de gestación. ¡Y vaya que parece complicado! Solo revisar el libro Hablemos de aborto y misoprostol genera mil preguntas para situaciones particulares. En cambio, si la toma de pastillas es guiada por personal médico experto, o si se realiza el aborto por procedimiento quirúrgico legal, la responsabilidad de la información se relega al o a la profesional. Además, después de un aborto, es necesario un seguimiento médico que verifique que la salud de la mujer se encuentre bien, que su cuerpo haya respondido adecuadamente y que la gestación haya terminado correctamente.
Adicionalmente, frente a la delicada situación en la que se encuentra el aborto en el mundo, y ante la emergencia de la pandemia Covid-19, la OMS había incluido en 2020 la atención integral del aborto dentro de la lista de servicios esenciales de salud sexual y reproductiva, pues calculó que, si, por ejemplo, ocurriera un 10 % de reducción en servicios seguros de aborto, se podrían producir 3.3 millones de abortos inseguros y 29 mil muertes maternas adicionales en los siguientes 12 meses.
Con estos datos, se entiende que la legislación sobre el aborto implica costos monetarios, salud mental de las personas gestantes, manejo de información especializada en salud sexual y reproductiva, salud ginecológica y prevención de muertes maternas. Si ponemos de ejemplo al Perú, con aborto ilegal en casi todas las causales, el 19 % de mujeres hemos abortado en algún momento de nuestras vidas, según una encuesta realizada por Promsex en el 2018, lo que implica más de 3 millones de niñas y mujeres. En el caso de Estados Unidos, con aborto legal hasta el viernes pasado, un costo resaltante es la movilidad de gestantes, porque en 13 estados con alta protección solo el 4% de pacientes tuvo que ir a otro estado, en comparación con estados como Wyoming y Carolina del Sur, cuyos porcentajes ascendieron en el 2017 a 74% y 57% respectivamente según los estudios. Para tales cifras de personas afectadas por la legalidad del aborto, es necesario establecer políticas públicas integrales que las protejan.
Pero las personas con posibilidad de gestar no necesitamos de cifras. Sabemos, mes a mes, el riesgo que implica salir embarazadas sin los recursos necesarios y en la situación adecuada, y el riesgo de salud y de muerte que significa no contar con un aborto seguro, libre y gratuito. La diferencia es que millones de mujeres norteamericanas se han sentido protegidas por casi 50 años, por lo que ahora se encuentran en una situación similar a las mujeres de países con pobreza económica y ciudadana.
Lamenté mucho la noticia tomada en EE. UU. acerca del aborto… Existe una gran cantidad de mujeres que, a diario, se practican un aborto o deciden tener a un niño no deseado y esta problemática genera grandes consecuencias no solo a su familia nuclear, sino también a la sociedad. Muchas gracias por el artículo, estimada Estefanía.