Ausencias siempre presentes


El enorme trecho entre la Constitución, las políticas públicas y la protección de la población LGTBIQ+ 


En mi artículo anterior en Jugo de Caigua hice referencia a la noción de ceguera social, es decir, esa posición que nos permite a muchos el privilegio de no tener que prestar atención a los fenómenos sociales que no nos afectan directamente, como la situación política de diversos grupos en nuestra sociedad. Dentro de esta misma ceguera colectiva, muchos de los temas que afectan a la población LGTBIQ+ se han trivializado o sobrerreducido en el debate público. 

Cuando hablamos de políticas públicas o de gestión pública –la estrategia específica de implementar y hacer operativas estas políticas–, el elemento “agenda” es fundamental. La agenda pública es el listado de asuntos o problemas públicos que, dada su trascendencia para la población nacional, o para colectivos específicos, estan sometidas a una decisión o acción por parte del hacedor de políticas o de la autoridad gubernamental pertinente. En este sentido, la “agenda feminista”, la “agenda indígena”, la “agenda afro” o la “agenda de derechos humanos” no son textos secretos y conspiratorios que quieren influir en lo más profundo de nuestros pánicos colectivos e ideologizarnos de una manera u otra; disculparán la leve hipérbole. Son, mas bien, una enumeración de temas que las comunidades en cuestión estiman como prioritarios o de urgente atención por los Estados en los que viven. Quienes creemos en algunas de estas agendas, o en todas, aún si no somos parte de la comunidad propiamente dicha, tenemos la responsabilidad de respetarlas, visibilizarlas y ayudar a impulsarlas desde nuestros campos de acción.

Nuestra ceguera social, sin embargo, es profunda. Y, como mencionaba antes, tiene la capacidad de distorsionar las intenciones, así como los mensajes contenidos en cualquiera de estas agendas. Al fin y al cabo, son aspiraciones y objetivos que afectan –o buscan afectar– el statu quo.

Durante años, la “agenda homosexual” se ha entendido como un listado de punto único: el reconocimiento del derecho al matrimonio civil. Con lo fundamental que es este derecho debido a todos los demás que se derivan de él –derechos previsionales, laborales, hereditarios, patrimoniales, representación en temas de salud, y otros–, lo cierto es que la agenda de la comunidad va mucho más allá de este punto, además de no ser monolítica. Las experiencias y necesidades de las mujeres lesbianas son distintas a las de las mujeres trans, que a su vez son distintas a las de los varones homosexuales y las personas bisexuales. Diferencias que, además, se acentúan si pensamos en ámbitos geográficos distintos, grupos etarios e identidades étnico-raciales.

Nuestra ceguera social, sin embargo, y como es de entenderse, también se refleja en una ceguera institucional, con graves consecuencias para las personas de la comunidad. No solo muchos de sus derechos son limitados o no reconocidos, estrictamente sobre la base de su orientación sexual y/o su identidad y expresión de género – que es la definición exacta de discriminación–, sino que, además, los marcos de gestión pública nacional no han desarrollado herramientas para atenderles. Si bien se les menciona en algunos instrumentos de política como una población vulnerable –aunque vulnerabilizada sería una descripción mucho más precisa–, a nivel de gestión o implementación de políticas, planes y programas, no se ubican servicios particulares para esta población o, por lo menos, protocolos o lineamientos que creen estándares de calidad determinados para su atención diferenciada cuando esta es pertinente. En otras palabras, si bien algunos de los planes o estrategias nacionales identifican explícitamente a la población LGTBIQ+ como un grupo que necesita atención particular, los documentos que implementan estas políticas no desarrollan cómo hacerlo ni en qué casos, derivando así en la ausencia de servicios y programas que les asistan con base en sus necesidades particulares: atención en salud ginecológica y de prevención de ETS para mujeres que no tienen relaciones sexuales con hombres; mujeres a quienes también debe dársele acceso a servicios de salud sexual desde una aproximación diferencial; protocolos de atención específicos para la denuncia de casos de violencia en el caso de las personas trans, para minimizar los procesos de revictimización por parte de los agentes policiales o de administración de justicia; la incorporación de herramientas de medición para consignar episodios de discriminación u hostigamiento laboral basado en orientación sexual en los procedimientos de supervisión de condiciones laborales, entre otras, son solo algunas de las formas en que la particularidad de las experiencias de vida y necesidades de la población LGBTIQ+ son ignoradas por el Estado. Siendo importante anotar, que la implementación de adecuaciones como las descritas no acarrearían “beneficios exclusivos” para esta población, sino adecuaciones necesarias para que esta sea efectivamente incluida en la provisión de servicios estatales ya existentes. 

Nuestra Constitución Política establece que la dignidad de la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. El aterrizaje práctico para tan encumbradas palabras debe ser una administración pública que sirva a la ciudadanía, en su diversidad y con base en sus necesidades. No adecuar los servicios y programas estatales en base a estas diversas necesidades es dejar las piedras de siempre en la pista de carreras, y esperar sentados a que quienes se vienen tropezando históricamente lo sigan haciendo. 

4 comentarios

  1. Susana

    Muy bien! El reto del Estado es establecer y definir los estandares que conviertan esos servicios en adecuados e inclusivos para la atención de todas y todos (y todes cuando la RAE lo permita), lo mismo que para la diversidad cultural.

    • Mariela Noles Cotito

      Precisamente! Muchas gracias por leer, Susana!

  2. Ernesto

    Me quedo con esto «Cuando hablamos de políticas públicas o de gestión pública –la estrategia específica de implementar y hacer operativas estas políticas–, el elemento “agenda” es fundamental…. basado en su TRASCENDENCIA… «. En ese sentido, creo que hay temas que son prioritarios y transversales donde las BRECHAS todavía son MUY MUY altas y de SIEMPRE. Como la educación, la salud, el acceso a la justicia, entre otras. No digo que no haya que prestar atención a PROBLEMAS PARTICULARES, pero no estoy de acuerdo de SUPERLATIVIZAR el problema. La EDUCACIÓN (gran problema social aún) es la que nos va ayudar a COMPRENDER a ser EMPÁTICO con las diferencias que puedan existir entre las personas y RESPETAR las diferentes opciones, a ACEPTAR los puntos de vistas, que NO SON VERDADES ABSOLUTAS, son solo eso, puntos de vista, opciones y si con eso UNO ES FELIZ SIN PERJUDICAR al resto entonces está bien. Pero sí CELEBRO estos espacios que nos permiten CONOCER una realidad que está allí y muchos no quieren ver. Un claro ejemplo es la participación cada vez más activa de la mujer en nuestra sociedad, que duda cabe que es un PROBLEMA SOCIAL si representan el 50% de la población. ¿Cuántas mujeres jueces hay en el Perú?. Apuesto a que no llegan ni al 10%. De hecho ni siquiera aparece la estadística en los boletines del Poder Judicial.

    • Mariela Noles Cotito

      Muchas gracias por su comentario, Ernesto. Lo aprecio mucho. Creo que uno de los «problemas» si se quiere, cuando se piensa en estos temas, es imaginarlos como etapas separadas. Las respuestas estatales a los grandes problemas de siempre, se establecen o proyectan pensando en la ciudadanía y lo que esta necesita. Entonces no toca pensar primero en «todos» y luego los particulares, sino que podría pensarse en todos y todas desde el inicio, como usuarios -todos y todas- de los servicios del Estado. En el caso de la educación, por ejemplo, los esfuerzos de educación intercultural bilingüe (donde a los estudiantes se les enseña en su propia lengua materna y se ponen en valor los aportes de sus comunidades) son mas bien recientes, y estamos en un país donde 4 millones de personas tienen una lengua materna distinta al español. En el caso que de atención salud sexual, que mencionaba en el texto, es también adecuar protocolos. Es pensar, por ejemplo, de todas las personas que se van a acercar en mi ventanilla de atención (en algún ministerio o agencia publica) alguien podría necesitar una rampa para entrar porque es adulto mayor, o tiene alguna discapacidad o esta embarazada, u tiene algún otro impedimento de movilidad temporal o permanente. Creo que pasa por pensarnos a la sociedad como un todos -posible- en vez de pensar en quienes siempre hemos pensado, y después en los demás.
      Espero haber brindado un elemento adicional a su idea, y muchas gracias por compartirla.

      PS. Si tiene interes en verificar algunas estadísticas respecto de la participación de las mujeres en espacios de toma de decisión, el reporte «Perú: Brechas de género 2021» esta bien interesante.
      Ahí por ejemplo verificamos que si bien las mujeres estamos por poco encima del 50% de la población general, estamos en el parlamento nacional en un 37.7% únicamente, y solo 4.8% de mujeres son alcaldes a nivel nacional. Por otro lado, indica que las mujeres peruanas dedican 39 horas y media semanales al trabajo domestico no remunerado (cocinar, lavar, planchar, cuidar personas, pagar cuentas, gestionar el hogar, etc), mientras los varones varones le dedican únicamente 16 horas. Imagina esa brecha? En ese tiempo podríamos estar estudiando más, adelantando nuestras carreras, creciendo personalmente, fortaleciendo nuestras autonomías y otros.
      Es un gran problema social, pero la elección de quién es ese «todos» suele ser políticamente selectiva. La idea es que deje de serlo.

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