A malas noticias, propuestas constructivas


La idea de una economista para tomar en serio las propuestas de los partidos políticos


Los últimos diez días han sido intensos para cualquier economista que se preocupe por el destino del Perú. Hacia el viernes 26 de abril se confirmó que la Presidencia de la República había rechazado la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas de renovar la designación de Carlos Oliva como miembro del Consejo Fiscal, la entidad que vela por la transparencia y el buen manejo de las finanzas públicas. Esa noticia vino acompañada de otra bastante relacionada: la rebaja de la calificación de riesgo de la deuda peruana, realizada por la calificadora de riesgo Standard & Poor’s.

Sobre ambos temas, excelentes colegas como Waldo Mendoza o Luis Miguel Castilla han comentado ya con mucha claridad y no me queda sino suscribir lo ya dicho. 

Habiendo expresado lo anterior, solo resta convenir que lo que nos queda en lo económico es reconstruir lo destruido, y en ese rumbo me animo a hacer una propuesta a partir de una revisión que ya ocurre en países europeos. Pero demos el contexto primero.

En la actualidad, todos los partidos políticos que postulan a la Presidencia de la República deben registrar su plan de gobierno, pues de este modo es que se hacen públicas las ofertas electorales con las cuales pretenden atraer votos. 

Estos planes quedan expuestos en las páginas web del partido y del ente electoral, pero nadie verifica de manera técnica su viabilidad económica. Preguntas sencillas, como cuál será la fuente de financiamiento de la medida, o qué programa se pretende cortar o modificar para dar paso a la nueva iniciativa, solo son respondidas para algunas propuestas por economistas afanosos y según sus especialidades. Las propuestas laborales, por ejemplo, son comentadas por algunos economistas especialistas, y con las tributarias ocurre algo similar. Además, estos comentarios dependen de la responsabilidad social de quien los vierte, y nada en particular nos conmina a hacerlos.

Aquí es donde viene la propuesta: que los planes de gobierno de los partidos que postulan al Poder Ejecutivo sean analizados por el Consejo Fiscal o por una entidad de similares características. A favor de la propuesta, destaco que los votantes tendríamos una opinión técnica e independiente sobre la viabilidad económica global de un plan de gobierno. Para asegurar independencia, se tendría que blindar a los miembros del Consejo Fiscal o de la entidad encargada, y, eventualmente, elevar requisitos para su designación —que ya son altos, por cierto.

En contra de esta propuesta se encuentra la enorme fragmentación política que sufrimos. Tal como vienen las cosas, para las próximas elecciones tendremos más de 30 posibles propuestas de plan de gobierno. ¿Cómo tendría que ser el staff del Consejo Fiscal para procesar a tiempo un análisis robusto y detallado de cada propuesta? ¿Se tendría que acortar el plazo para inscripción de partidos para la presidencia, ajustando aún más el calendario electoral? En aras de la seriedad de la oferta electoral, sería razonable.

Una posible salida a esta gran dificultad es que se puedan emitir lineamientos para esos planes de gobierno, de tal modo de que se exija la inclusión del análisis de viabilidad global en el plan de gobierno de cada partido postulante. Así, los economistas podríamos comentar esos dos documentos: el plan de gobierno y su análisis de viabilidad técnica. Los términos de referencia para el análisis de viabilidad técnica podrían ser trabajados en colaboración con la OECD, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. 

Quizá alguien se esté preguntando para qué tendríamos que complicar aún más el proceso político. Se me ocurren dos razones. La primera, es que obligaría a los partidos a sustentar sus propuestas de plan de gobierno y no solo a hacer listados de lo que entienden que quiere la población. La segunda, es que algunas de esas propuestas buscarán ser implementadas y consumirán recursos a través de nuestros impuestos o deuda. Los problemas para conseguir financiamiento de las medidas propuestas tienen que estar claros desde el inicio para emitir votos mejor informados.

¿Le parece razonable? 

De ser así, veamos si algún congresista lee este artículo, agarra esta bandera y la incluye en el paquete de reformas necesarias para mejorar la representación política. Y si no, la propuesta ya está hecha, y ojalá más pronto que tarde podamos implementarla. 


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3 comentarios

  1. Juan Garcia

    Idea interesante, pero impracticable en una elección peruana.
    Basta ver cómo un alcalde provincial de Lima celebra el endeudamiento en exceso del municipio que administra con la excusa de «combatir peajes abusivos» (peajes que él mismo aprobó años atrás), cómo un ex militar «outsider» proclama que si fuera presidente permitirá que la minería informal opere sin límites (que ésta deprede el medio ambiente o mate líderes nativos son «bobadas de caviares»)…
    Casi en su totalidad, los futuros candidatos presidenciales rechazarán firmemente mostrar el sustento técnico de sus propuestas económicas, menos todavía explicar tales propuestas a un especialista.
    Para los candidatos bastará alegar en sus mítines que el Consejo Fiscal -o quien lo reemplace- está «dominado» por «caviares», «soñadores», «pitucos de burbuja», «resentidos», o «enemigos del progreso» (hay muchos adjetivos posibles), para que empiece el carnaval de ofertas demagógicas e imposibles de cumplir.
    Saben bien los candidatos que, al final, el nexo «emotivo» con el elector es suficiente para asegurar votos, sin importar el nivel de fantasía y falsedad de sus ofertas.
    Ya en la elección 2021, los rivales de segunda vuelta compitieron en nivel de demagogia, con toda suerte de ofertas estrambóticas nunca sustentadas (desde bonos personales «a domicilio» hasta «teleférico de 100 kilómetros»)… junto con opiniólogos en ambos bandos desafiando la lógica. Nada de ello impidió que ganaran tantos votos.
    Y nada impedirá que tan triste show se repita el 2026.

  2. javier enrique Arevalo Piedra

    Quizá a la próxima fiesta electoral lleguen 30 niños-partidos con sus planes económicos, como tortas, con la intención escondida de intoxicar a los electores durante esa pantagruélica matinée. La economista Roxana Barrantes propone que un Consejo Fiscal del Estado examine tales embutidos de promesas y emita opinión para que la gran mayoría de analfabetos funcionales que habita este país se forme una opinión técnica e independiente sobre la viabilidad económica global de un plan de gobierno.
    Lo mismo podría proponer que un comité psicológico examine postulantes, otro sus propuestas sobre salud pública y otro sobre qué entienden por cultura y educación.
    La propuesta parte de una creencia que recorre el colapsado modelo democrático liberal: la solución a la corrupción, a la precariedad de las propuestas económicas, al problema de la nación, es “más democracia”.
    Y parte además de un tipo de proceso lógico que Gustavo Bueno llama “pensamiento Alicia” donde se puede pasar a un mundo distinto con unos cuantos pases mágicos que obvian -y son obvias- las dificultades que existen para llegar a él.
    Barantes imagina una junta economistas “técnicos” -todo profesional es un técnico en su profesión pero aquí suena como exento de todo pecado de poseer ideolgía e intereses y eso no es real – e independientes -independientes de qué ¿de su posición de clase, de pertenecer a un aprtido, de tener creencias religiosas o políticas- es elegido -¿por quién? ¿quién los eliege?
    Quienes los elijan, a su vez, deberían ser también técnicos independientes, para asegurar su independencia, y para que esta nueva junta sea técnica e indpendientes debe ser elegida por otra junta de técnicos e independientes…y el juego de espejos de Alicia comienza.
    La paradoja está lanzada y surge, en principio, porque la propuesta no quiere ver lo real: el sistema está colpasado, pero pretende que una curita sobre una rajadura en el concreto evitará que el dique con fisuras en toda su supercie se venga abajo.
    Tampoco asume que en realidad suporpone un modelo aristocrático al democrático. La aristocracia es un tipo de gobierno, tan legítimo como el democrático, pero en este caso, la intención es que haya “más democracia”, el objetivo es que un ciudadano más informado producirá una mejor democracia: esto no existe, nunca ha ocurrido, ni ocurrirá.
    La propuesta debería decir: acabemos con el modelo actual de democracia y que nos gobiernen los que saben. Platón y Aristóteles sonreírían y afirmarían moviendo la cabeza, en silencio.
    Claro, Platón y Aristóteles, o sus equivalentes, tendrían que controlar a las fuerzas armadas, tomar el poder, elegir a sus sabios y controlar el aparato legislativo, el judicial, el ejecutivo para dar desarrollo y felicidad a los ciudadanos.

  3. Interesante propuesta, parte de una genuina preocupación por tener los pies sobre la tierra y el bienestar de tener una sana economía. El problema es que la meta de los grupos políticos no es el bien común sino los intereses particulares y parte del electorado no decide en base a un análisis racional sino emocional con criterio de barra brava más que por propuestas concretas de desarrollo.

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