200 años de resultados que no gustan

Lo que la historia enseña sobre nuestros resultados electorales

Hace una semana nos acercamos a las urnas y muchos esperábamos que para este momento tuviéramos ya un ganador o ganadora declarados. Esta campaña viene siendo no solo una de las más largas que recordamos, sino también una de las más tóxicas, pero la historia peruana esta plagada de campañas electorales extendidas e intensas. En el siglo XIX, cuando las elecciones eran indirectas, estas podían durar casi dos años desde que se elegían en las provincias a los colegios electorales y estos se reunían para elegir al presidente hasta que, finalmente, se confirmaban sus votos en el Congreso.

En por lo menos dos ocasiones, en 1834 y 1851, los resultados de las elecciones presidenciales dejaron tal descontento que terminamos con guerras civiles. En el primer caso, los militares no aceptaron la elección del representante de los liberales –el general Luis José Orbegoso–, y en la segunda los liberales –derrotados en las urnas por José Rufino Echenique– organizaron una revolución que llamaron “de la honradez” que terminó encabezando Ramón Castilla y que abolió la contribución de los indígenas y la esclavitud. 

En ambos casos estas revoluciones terminaron con la implantación de nuevas constituciones y el forcejeo entre quienes querían un país más igualitario y con una organización regional y quienes querían mayor control y centralismo. Uno de los principales temas de discusión en este periodo fue quiénes debían tener derecho a votar. Desde un inicio la legislación peruana fue relativamente generosa al otorgarle el derecho al voto a todos los hombres, sin importar si sabían leer y escribir o si tenían recursos económicos. Los únicos que no podían acceder al sufragio eran los sirvientes, pues se consideraba que no podían decidir libremente. 

Quienes escribieron esas leyes pensaron que con el tiempo tal contexto cambiaría y que si había peruanos con pocos recursos y sin educación era porque los españoles no les habían dado oportunidades y aquello se revertiría con el tiempo. Sin embargo, en la década de 1840 comenzó a cobrar fuerza la idea de que solo debían votar los letrados, lo que el pensador conservador Bartolomé Herrera denominó la “soberanía de la inteligencia”. Por el otro lado, los liberales defendían el derecho a elegir de todos los hombres con la llamada “soberanía del pueblo”.

Los liberales ganaron en el parlamento y el derecho al voto se mantuvo amplio. Después de la abolición de la esclavitud lograron, incluso, ensanchar más la representación al darle el derecho al sufragio a quienes habían sido esclavos y emitiendo leyes para que las elecciones fueran directas en vez de indirectas. Este hecho convirtió en ese momento al Perú en una de las sociedades más democráticas del mundo. Pero no por ello logró ser más estable, principalmente porque los sectores acomodados consideraban que no podían controlar a los votantes y en la década de 1860 lograron anular el voto directo y reimplantar los colegios electorales y en 1896 alcanzaron a restringir el voto solamente a quienes sabían leer y escribir.

El Perú, por lo tanto, pasó de ser uno de los países más democráticos en el acceso al voto a ser uno de los menos: durante el cambio de siglo y a inicios del siglo XX una pequeña élite controló la política con un número muy reducido de electores.

Con el tiempo, el número de quienes podían votar fue creciendo porque más personas pudieron paulatinamente aprender a leer y escribir. Esto implicó que las elecciones se hicieran cada vez mas reñidas y llevó a la creación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en 1931 y a la prohibición del Partido Aprista Peruano de participar electoralmente aduciendo que se trataba de un partido internacional. Fue así que en 1936 el JNE anuló la victoria de Luis Antonio Eguiguren alegando que había recibido votos del APRA y el mandato del general Oscar R. Benavides se extendió por tres años.

Los vaivenes electorales no fueron pocos durante el siglo XX y, a pesar de que el número de electores no era muy grande, muchas de las elecciones fueron desestimadas y seguidas de golpes de estado militares porque las élites resultaron disconformes con los resultados. Así subieron al poder Manuel Odría en 1948 –que se quedó por 8 años – y la Junta Militar de 1962, que al año siguiente convocó a nuevas elecciones.

Desde que la Constitución de 1979 otorgara el voto a todos y todas las peruanas nuestro sistema electoral es extremadamente democrático, donde todos los votos cuentan por igual. Además, como el voto es obligatorio y se debe pagar una multa, quienes menos pueden pagar tienen más incentivo para ir a votar. En ocasiones esto ha llevado a que las élites no vean con mucho agrado al ganador en las contiendas electorales, pero desde entonces hasta hoy no habíamos visto un esfuerzo por desconocer la legalidad del proceso, ni oír voces que invocan un golpe militar. 

Nuestra historia muestra que esta no es una novedad, pero también nos demuestra que no es un pedido que nos lleve a ningún proceso positivo. Es momento de reconocer que el proceso electoral ha terminado, de limpiarnos el polvo que se levantó en la campaña y de unirnos para construir un mejor país y conmemorar en paz nuestro Bicentenario.